El 7 de noviembre de 2018 llegué a la mesa de entradas del Ministerio de Seguridad de la provincia a entregar un papel. Quería hacer un pedido de acceso a la información pública. Ese papel decía: “Solicito un listado de personas fallecidas entre enero de 2001 y octubre de 2018 a causa de disparos ejecutados por personal de la policía de la Provincia de Buenos Aires, indicando género, edad y cargo del agente policial, género y edad de la persona fallecida y lugar y fecha donde tuvieron lugar los hechos”. Remarqué que no pedía datos personales, sólo números. La secretaria me miró asustada. Le pasó el papel a otra. Se fue atrás del mostrador. Me dijo que no, que eso no se tramitaba ahí. Me mandó a otra oficina donde me dijeron lo mismo.

 

Ya tenía el teléfono de quien, en ese momento, trabajaba en la Dirección de Acceso a la Información Pública de provincia, un organismo sin ningún tipo de poder político. Lo que él logró fue que me atendiera el jefe de mesa de entradas, me firmara y sellara el papel, y me mandara a mi casa.

 

Nunca hubo respuesta. Entonces empecé a buscar ayuda. No entendía las leyes provinciales que se contradecían en términos de tiempos: una decía que debía esperar ocho días y que si no recibía respuesta entonces la respuesta era: no te vamos a dar la información. Pero había un decreto que extendía ese mismo plazo a treinta días. Esperé los dos plazos, y más.

Hace años que me pregunto sobre la policía de la provincia de Buenos Aires, y escribo sobre ella. Quería datos oficiales, necesitaba saber qué sabía el Estado sobre su propia fuerza de seguridad, si estaba al tanto de cuántas muertes habían ocasionado sus armas, si llevaba algún registro.

 

El 13 de marzo de 2019, a través de Poder Ciudadano, llegué a contarles lo que pasaba a la Clínica de Acceso a la Información Pública de la UNLP. Les conté que soy periodista y me interesan los temas policiales y judiciales, que desde 2014 trabajo para el diario La Nación, que me especialicé en periodismo de datos en España, que escribo para medios de allá y de acá.

 

Que ya había conseguido buena información a nivel nacional haciendo pedidos de acceso: sabía cuánta gente había muerto en manos de la Policía Federal, y estaba por publicar una investigación sobre las armas que habían “extraviado” efectivos de cada fuerza federal. Que, por mi trabajo, quería saber si el Estado provincial llevaba un registro de cuántas personas habían muerto en manos de la policía bonaerense.

 

El 22 de abril de ese mismo año presentamos un pronto despacho -algo que hasta antes de su ayuda yo no sabía ni qué significaba- y una ampliación de los fundamentos de mi pedido, para explicar por qué lo que preguntaba era importante. Un mes después, la Asesoría General de Gobierno provincial respondió que yo no había acreditado mi interés legítimo para acceder a la información pública. Cosa que, de acuerdo con la Suprema Corte bonaerense y el Decreto provincial 2549/04, no tengo necesidad de hacer.

 

Cuando volví, tras ese pedido, a preguntar al Ministerio de Seguridad qué noticias había de la información, las mismas secretarias me miraron con la misma cara de susto. Logré que me atendiera una jefa de algo -nunca me dijo bien quién era- que intentó asustarme: quién era yo, por qué quería la información, que ella no me iba a firmar nada ni decir nada. Le dije: periodista del diario La Nación, necesito los datos para mi trabajo. Nada.

 

Entonces en julio presentamos un amparo. Después de varias semanas llegó una sentencia negativa en un juzgado -penal- que no entiende de acceso a la información pública. Con el asesoramiento de la Clínica apelamos, y la Cámara falló a nuestro favor. Desde el 6 de marzo de 2020 la sentencia está firme, y obliga a la provincia a darme la información.

 

Pasaron 533 días desde el primer pedido formal, pero aún no tengo los datos. Y nadie sabe cuánta gente murió en manos de la policía bonaerense.

 

*Rosario Marina es Periodista especializada en datos, escribe para medios nacionales y de España, desde 2014 trabaja para el diario La Nación. También forma parte del equipo de Perycia.